La jueza Angélica Sánchez Hernández fue vinculada a proceso por un juez de Control de Xalapa debido a su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Sánchez Hernández, quien fue detenida hace una semana en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Veracruz ha sido otorgada un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El Instituto Federal de la Defensa Pública (IFDP), encargado de la defensa de la jueza local, denunció que el juez de Control declaró privada la audiencia y dictó la prisión sin permitir un debate entre las partes.
Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz celebró el fallo dictado por el juez de Control y el procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en el penal de Pancho Viejo.
La acusación contra la jueza Angélica Sánchez Hernández se deriva de diversas acciones realizadas en un cuadernillo de amparo, donde supuestamente constató la existencia de un juicio de amparo y otorgó fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel N.
Sin embargo, tras consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se descubrió que el juicio de amparo mencionado no correspondía al quejoso ni a la materia adecuada. Además, no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, lo que configura un posible delito contra la fe pública.
La carpeta de investigación fue iniciada por denuncia presentada por el Poder Judicial del Estado contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien realizó una certificación de hechos que resultaron ser falsos y dio fe de otros hechos que no pudo constatar, ya que ocurrieron en un lugar distinto al donde se encontraba la jueza.
En cuanto al presunto delito de tráfico de influencias, se alega que la jueza se aprovechó de su posición para intervenir en un caso específico, realizando múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila con el fin de gestionar la liberación de una persona privada de su libertad. Estas acciones estaban fuera de su facultad y presuntamente implicaron amenazas y presiones para que se cumpliera su resolución.
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