Una veintena de exmandos del sistema penitenciario federal están citados ante un juez federal por supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social, que costaron más de 200 mil millones de pesos al erario.
Por tercera ocasión, en la causa penal 45/2021, está programada para este lunes a las 10:00 horas la realización de la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar delitos cometidos por servidores públicos.
Las dos ocasiones anteriores no se pudo realizar la audiencia porque los imputados desconocían la carpeta de investigación y porque cuando ya estaban todos notificados, Javier Haro de Alva, exdirector del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se excusó de asistir por cuestiones de salud.
Haro de Alva logró que la FGR le concediera un criterio de oportunidad a cambio de convertirse en testigo colaborador.
Con la información que aportó, la FGR integró la carpeta contra él y el resto de los exservidores públicos, aunque también está obligado a presentarse en la diligencia de hoy.
Con información de El Universal
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