La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira a la familia Jenkins por varios delitos, entre ellos lavado de dinero y evasión fiscal.
Santiago Nieto inició con Pablo Gómez el proceso de entrega-recepción de la UIF y le presentó un informe sobre las investigaciones en curso, las indagatorias que acaban de comenzar, aquellas que están por concluir y que tienen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
La FGR ya cuenta con una denuncia por el destino de más de 240 millones de dólares que implica el presunto delito de administración fraudulenta del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
La indagatoria de la FGR indica que William Óscar Jenkins constituyó en Puebla la fundación “Mary Street Jenkins”, al morir, la estableció como heredera única y universal, sin herencia alguna para sus hijos, lo que llevó a que estos realizaran una donación simulada de la Fundación Mary Street Jenkins a la Fundación Bienestar de Filantropía controlada por ellos mismos, por lo que fueron denunciados por uno de los hermanos, Guillermo Jenkins de Landa.
En marzo de este año, se libró una orden de aprehensión contra Roberto Jenkins de Lanza y sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, y su madre Elodia Sofía de Lanza Irizar de Jenkins por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 14 mil millones de pesos.
El gobierno de Puebla que se ha visto involucrado en esta disputa familiar, de acuerdo con las denuncias de algunos de sus integrantes, por el interés de obtener beneficio de los recursos de la fundación logró reabrir la investigación luego de que se dio por concluida.
Con información de Milenio
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