Suspensión de actividades turísticas en la Selva Lacandona por aumento de la violencia

Empresas turísticas de Francia, Inglaterra, Bélgica y México, encargadas de organizar viajes hacia la Selva Lacandona, han declarado su decisión de suspender visitas a esta región. Esta medida responde al aumento de la violencia, particularmente entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos grupos han controlado el acceso a caminos y comunidades en el municipio de Ocosingo durante los últimos tres meses, afectando áreas con atractivos turísticos como zonas arqueológicas, ríos y lagunas.

La empresa mexicana ATC Touroperadores, encargada de grupos turísticos europeos y mexicanos, comunicó que limitará sus rutas a Palenque, excluyendo la Selva Lacandona, la laguna de Nahá, y las zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán. Esta decisión se debe a la preocupante presencia de grupos armados en ciertos puntos del trayecto.

En un comunicado oficial, las agencias turísticas de Francia, Inglaterra y Bélgica, representadas por ATC Touroperadores, anunciaron que no llevarán más turistas a la zona Lacandona este año, reprogramando las rutas que solían cubrir en esa región.

Además, los operadores turísticos han revelado que durante años han intentado minimizar la percepción de los problemas de seguridad en las rutas turísticas. Han empleado tácticas como modificar las rutas para evitar bloqueos en carreteras o áreas con conflictos intercomunitarios, protegiendo así a los turistas nacionales e internacionales.

No obstante, cuando los vehículos turísticos se encuentran con bloqueos por parte de nativos enmascarados, generalmente pueden negociar el paso. Sin embargo, en situaciones más graves, como enfrentamientos armados donde los nativos lacandones y choles muestran capacidad ofensiva considerable, los operadores consideran que no es prudente arriesgar la seguridad de los turistas.

En casos específicos como en Bonampak, los operadores han observado a hombres armados controlando el acceso a la zona arqueológica, exigiendo pagos por el transporte en vehículos propios y por servicios de «seguridad», llegando a costar mil pesos por estos últimos, además del pago de entrada al sitio.