Este lunes, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia penal en contra del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, y contra aquellos que resulten responsables por la tala ilegal de árboles que se está realizando en el sureste del país por las obras de construcción del Tren Maya.
La legisladora panista, secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado, puntualizó que el gobierno federal no ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dé una resolución sobre la procedencia o improcedencia de la tala de la selva, en el nuevo trazo del tramo 5.
“No estamos en contra del Tren Maya, de lo que estamos en contra es que se tale sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente. Alto al ecocidio que se está cometiendo en la zona maya. No se consultó a los pueblos indígenas y no se tienen los permisos correspondientes, a eso nos oponemos”, señaló.
La también presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas añadió que la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) establece que, al realizarse las afectaciones sin las autorizaciones necesarias, no sólo implica la posible responsabilidad administrativa, sino incluso de carácter penal.
“En la omisión de la obtención de las autorizaciones necesarias, como la autorización de los trabajos de tala y remoción de diversas especies forestales, autorización del pago de los trabajos consistentes en tala y remoción de diversas especies forestales, así como del deterioro y afectación de recursos naturales y especies endémicas y en peligro de extinción”, indicó.
Gálvez Ruiz destacó que el artículo 418 del Código Penal Federal establece que se impondrá una pena de seis meses a nueve años de prisión y una multa por el equivalente de cien a tres mil días multa, a aquella persona que ilícitamente corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles.
Asimismo, remarcó que el artículo 420 Quáter indica que se impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión y de 300 a tres mil días de multa a quien no realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental.
Con información de El Universal.
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