La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado las reformas electorales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como plan B. La decisión fue tomada por una mayoría de nueve ministros, con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, debido a graves violaciones en el proceso legislativo de aprobación.
El ministro ponente Javier Laynez Potisek afirmó que se violó el principio de deliberación democrática, ya que los legisladores no tuvieron la oportunidad de conocer siquiera superficialmente el texto que estaban votando.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que el decreto impugnado presentaba los mismos vicios legislativos que la primera parte de las reformas electorales analizadas, por lo que era procedente invalidar la segunda parte.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del plan B únicamente por vicios legislativos restaría credibilidad a la SCJN, que cada vez se enfoca más en este tipo de «exámenes superficiales». Para ella, la función del tribunal va más allá de verificar el cumplimiento del reglamento parlamentario.
Esquivel Mossa afirmó que la tarea de los ministros es revisar la regularidad constitucional de las leyes, ya que esto contribuye al equilibrio de los poderes de la unión. Además, argumentó que la SCJN debería dedicarse a resolver los conflictos, en lugar de convertirse en gestores de las buenas prácticas parlamentarias.
La ministra señaló que quedarse en exámenes superficiales resta credibilidad, especialmente en el ámbito electoral, donde los actores políticos y la ciudadanía esperan un trabajo sustantivo y profundo por parte de la SCJN, en lugar de un simple cumplimiento formal de los procedimientos legislativos habituales.
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