Santiago Nieto, el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se ha encontrado en el centro de una polémica legal tras la decisión de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral de retirarle su candidatura al Senado. La decisión se basó en la interpretación de que Nieto no cumplía con el requisito de residencia efectiva de cinco años en Querétaro, a pesar de su nacimiento en San Juan del Río, Querétaro, y de poseer una credencial de elector con dirección en la misma entidad. Esta interpretación fue respaldada por dos magistrados, quienes argumentaron que Nieto ha vivido fuera de la entidad durante 15 años.

En su defensa, Nieto sostiene que cumple con los requisitos de residencia establecidos por la ley, argumentando que la posesión de una credencial de elector y una propiedad en San Juan del Río deberían ser suficientes para acreditar su residencia. Además, recalca su constante presencia y participación en la vida política y social de Querétaro, citando la legislación estatal que permite a las personas retener su residencia por motivos académicos, profesionales, culturales, deportivos o científicos.

En un esfuerzo por revertir la decisión, Nieto se reunió con cuatro de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, presentando argumentos y solicitando una revisión de su caso. Sin embargo, expresó su desconfianza hacia el quinto magistrado, Reyes Rodríguez, acusándolo de parcialidad y de tener vínculos con adversarios políticos, lo que, según Nieto, compromete la imparcialidad del magistrado en su caso.

La batalla legal de Nieto y su partido, Morena, por recuperar su candidatura al Senado refleja no solo un enfrentamiento jurídico sino también un choque de interpretaciones sobre los requisitos de elegibilidad y la imparcialidad del sistema judicial electoral. Con su campaña en suspenso desde el 28 de marzo, Nieto espera una resolución rápida que le permita continuar con sus aspiraciones políticas.