En el marco del noveno aniversario del Caso Ayotzinapa, que se conmemorará el próximo 26 de septiembre, el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador resalta los esfuerzos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en este caso.
El informe destaca que esta comisión ha implementado un modelo integral y centrado en las víctimas, abordando diversos componentes relacionados con la búsqueda, investigación, judicialización y atención a las víctimas. En agosto de 2022, se presentó un informe a los padres de los 43 normalistas y al pueblo de México, detallando lo ocurrido con los estudiantes, las acciones realizadas por la Comisión y los avances en la búsqueda de la verdad y la justicia. Además, se ha mantenido un diálogo continuo con las víctimas y sus representantes a través de 69 reuniones de seguimiento y evaluación desde 2018.
Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, se han continuado los trabajos de búsqueda en campo, con un seguimiento a 123 acciones que han implicado 936 jornadas de trabajo en ocho municipios de Guerrero. Como resultado, se encontraron dos cuerpos y otros restos óseos en marzo y abril de 2023, que fueron enviados para análisis al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El informe destaca también la detención de 28 personas presuntamente implicadas en la desaparición de los jóvenes, incluyendo al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como 14 militares pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería, incluyendo a dos generales.
En cuanto al proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, se menciona que se ha seguido su seguimiento, con dos solicitudes de detención y extradición adicionales.
El informe resalta el acceso a documentos de 15 instituciones de Gobierno estatal y federal, con un acervo de 41,168 documentos consultados como resultado del proceso de solicitud de información y consulta in situ de archivos.
Adicionalmente, se ha continuado recibiendo información y entrevistas de personajes clave, presuntos miembros del crimen organizado, exfuncionarios públicos y personas relacionadas con los hechos.
Se menciona que se han brindado 948 atenciones médicas a las víctimas y sus familiares, adaptadas a sus necesidades individuales, y se ha garantizado su permanencia como beneficiarios de programas sociales y apoyo diverso.
En respuesta a la solicitud de las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos, se ha asegurado la continuidad del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), con la opción de renovación según las necesidades del caso. También se ha buscado la colaboración con otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el EAAF y el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck.
Cabe destacar que el GIEI ha enfatizado que el Caso Ayotzinapa no se cierra a pesar de la presentación de su sexto y último informe, en el que señaló la tortura de detenidos por miembros de la Marina.
