El Partido Verde, representado en la Cámara de Diputados por la legisladora ecologista Valeria Santiago Barrientos, ha presentado una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) con el objetivo de evitar el uso discrecional de imágenes de menores de edad en campañas políticas.
La diputada destacó que la reforma no solo busca salvaguardar la privacidad de niñas y niños, sino también otorgarles el derecho a participar, expresar opiniones y decidir sobre su participación en eventos proselitistas. Todo esto, subrayó, se realizaría siempre con el consentimiento expreso de sus padres o tutores.
Santiago Barrientos hizo hincapié en la necesidad de abordar situaciones en las cuales menores son utilizados en la propaganda visual de partidos políticos, sin respetar sus derechos fundamentales. «Hemos observado recientemente cómo los menores son empleados en eventos proselitistas. Frente a esta situación, es imprescindible reformar la ley correspondiente», afirmó la legisladora.
La propuesta contempla la adición de tres párrafos al numeral 2 del artículo 242 de la Legipe. Estos establecen que los partidos políticos, candidatos, directivos escolares o profesores deben abstenerse de llevar a menores a actos de campaña durante el horario escolar, a menos que exista el consentimiento por escrito de los padres o tutores, y se haya considerado la opinión del estudiante.
Asimismo, se enfatiza que el Instituto emitirá lineamientos para garantizar los derechos de opinión, expresión y participación de niñas, niños y adolescentes. En el artículo 247, se especifica que los partidos políticos deben abstenerse de utilizar a menores de edad en la propaganda electoral, ya sea en medios electrónicos, redes sociales o impresos, salvo cuando exista el consentimiento expreso de los padres o tutores, en cuyo caso el Instituto emitirá los correspondientes lineamientos.
La diputada Santiago Barrientos señaló que, aunque la ley actual establece claramente los derechos a la intimidad, participación, opinión y expresión de los niños, estos derechos son repetidamente vulnerados en el ámbito electoral. Aclaró que la propuesta no generará impacto económico en el presupuesto nacional, ya que no requiere recursos adicionales para su aprobación, publicación y ejecución.