En conmemoración del Día de la Constitución este 5 de febrero, el presidente de México ha anunciado un ambicioso paquete de reformas legales, el cual será enviado al Congreso de la Unión para su evaluación y posible aprobación. Este conjunto de iniciativas busca una transformación significativa en diversos sectores de la sociedad y el medio ambiente, subrayando el compromiso del gobierno con el progreso social y la sostenibilidad.
Entre las reformas propuestas, destacan el reconocimiento y la garantía de derechos para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, asegurando su reconocimiento legal como sujetos de derecho pleno. En el ámbito de la seguridad social, se busca reafirmar y aumentar progresivamente el monto de las pensiones para mayores de 65 años y personas con discapacidad, así como otorgar becas a estudiantes provenientes de familias en situación de pobreza.
Además, se propone garantizar la atención médica integral gratuita para todos los mexicanos, y asegurar el acceso a la vivienda digna para los trabajadores y sus familias. Las reformas también incluyen medidas enfocadas en la protección del medio ambiente y la salud pública, como la prohibición del maltrato animal, el maíz transgénico, el fracking, y el comercio de vapeadores y drogas químicas peligrosas como el fentanilo.
En el ámbito económico y laboral, se plantea la prohibición de aumentos al salario mínimo inferiores a la inflación anual, asegurando que los ingresos de maestros, policías, marinos, y empleados del IMSS no sean menores a este estándar. Se propone además la creación de un fondo semilla para pensiones, que se incrementará gradualmente, y se busca garantizar el derecho a la educación y al trabajo, así como un jornal seguro y permanente para los campesinos.
El presidente también ha anunciado planes para aprovechar los 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, previamente concesionadas durante el mandato de Ernesto Zedillo, y asegurar el acceso a servicios de internet a través de una empresa pública o mediante concesiones. Finalmente, se busca reforzar el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una empresa pública y estratégica en el sector energético.
Estas reformas representan un esfuerzo por parte del gobierno para abordar cuestiones fundamentales de justicia social, medio ambiente, economía y derechos humanos, con el objetivo de construir una sociedad más equitativa y sostenible en México.
