Luego de dos años de revisión a las finanzas de la actual administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está lista para promover sanciones contra el gobierno federal por 315 millones de pesos, por lo ejercido en 2019 y 2020.
El primer paquete de irregularidades por sancionar de este gobierno federal está conformado por 27 expedientes de 13 dependencias, sumando un posible desfalco de un total de 315 millones de pesos.
En total, la ASF emitió informes de presunta responsabilidad administrativa por mil 829 millones de pesos, de cuentas pendientes de 2019 y 2020, de los cuales, mil 500 corresponden a gobiernos estatales, particularmente el de Oaxaca (mil 339 millones) y gobiernos municipales.
Con relación a la cuenta pública 2021, la ASF comenzará a entregar, a más tardar el próximo jueves, el primer paquete de nuevas auditorías.
La empresa paraestatal Exportadora de Sal (ESSA) pagó a la compañía Astilleros Marecsa, en agosto de 2019, 4.1 millones de dólares, lo que equivale a más de 80.4 millones de pesos, por un buque remolcador que mandó a construir desde 2017, el cual necesitaba “para incorporarlo al proceso de transporte de sal industrial”.
Los auditores de la Marina acudieron a revisar el avance en la construcción y se encontraron con que del supuesto 81.15% del armado que había reportado la empresa, no se llevaba ni el 40%.
A pesar de que el límite autorizado eran 528 mil pesos, en 2019, ESSA decidió contratar, junto con la outsourcing Óscar & Maritime Agency, a siete capitanes, un piloto, un coordinador ejecutivo, un auxiliar administrativo y un auditor por un total de 16.6 millones de pesos.
La Auditoria Superior de la Federación emitió tres pliegos de observaciones por el probable daño patrimonial de 97.62 millones de pesos; no obstante, como ESSA no los solventó, se comenzó una investigación por presunta responsabilidad administrativa.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) contrató en 2019 a Tecnología en Sistemas de Apoyo para instalar un servicio de protección de datos en sus equipos de cómputo, pero se registró un incidente se ciberseguridad dos días después de que terminaron el trabajo, es decir en abril de 2020.
Meses antes de que se contratara a la empresa ya había un ente intruso en la red del INM. Cabe destacar que el instituto pagó 53 millones por un servicio de seguridad que nunca lo detectó.
El Instituto Nacional de Migración no pudo solventar los 62.74 millones por servicios informáticos fraudulentos, por lo que la ASF inició dos investigaciones.
Otras dependencias con expedientes son el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), los puertos de Veracruz, Altamira, Salina Cruz, Ensenada, Topolobampo y la Secretaría de Marina (Semar).
Con información de Milenio.
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