El Pentágono reducirá el número de soldados en servicio activo desplegados en la frontera entre Estados Unidos y México. Inicialmente, se habían desplegado mil 500 soldados para un aumento temporal de 90 días debido al fin de las restricciones relacionadas con la pandemia en las solicitudes de asilo. Sin embargo, se retirarán mil 100 soldados el 8 de agosto, mientras que los 400 restantes permanecerán hasta el 31 de agosto, según informó un funcionario de defensa bajo condición de anonimato.
Desde que se desplegaron las tropas, los cruces fronterizos ilegales habían aumentado, preocupando a las autoridades sobre un posible incremento tras el fin de las restricciones, pero los números han disminuido en los últimos tiempos.
Es importante señalar que durante su despliegue, los soldados en servicio activo no han tenido un rol de primera línea ni han interactuado con migrantes. En cambio, han llevado a cabo tareas de apoyo como ingreso de datos y soporte en el almacén para liberar al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
El propósito inicial de este despliegue era respaldar a los funcionarios fronterizos en la gestión del fin del Título 42, que permitía al gobierno expulsar rápidamente a migrantes debido a preocupaciones por el Covid-19. Tras la expiración del Título 42, las cifras de encuentros con migrantes se redujeron drásticamente.
Aunque las cifras han disminuido, se mantiene la incertidumbre sobre si esta tendencia será permanente, ya que el cruce de migrantes por el Tapón de Darién desde Sudamérica hacia Estados Unidos ha superado los números del año anterior.
La reducción de tropas también coincide con impugnaciones judiciales de gran parte de la agenda de inmigración de la administración Biden. Un juez federal recientemente dictaminó que una regla administrativa que limitaba el acceso al asilo en la frontera sur era contraria a la ley, y la administración está apelando este fallo argumentando que es crucial para mantener el orden en la frontera.
Además, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para que retire las boyas flotantes en el Río Grande, que según el gobierno federal, plantean preocupaciones humanitarias y ambientales.
