El Partido Acción Nacional (PAN) ha interpuesto un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señalando la inacción del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en adoptar medidas adecuadas para asegurar un proceso electoral libre de violencia y la incursión del crimen organizado.
Marko Cortés Mendoza, líder del PAN, criticó al INE por no acatar las órdenes judiciales que exigen la elaboración de mapas de riesgo, acuerdos de cooperación con entidades de seguridad pública y electoral, así como la implementación de filtros investigativos, esenciales para salvaguardar las elecciones de este año de actos criminales.
Cortés denunció que la implementación de las directrices emitidas por la Sala Superior del TEPJF ha sido insuficiente o totalmente ignorada, especialmente en lo que respecta al diseño y metodología de planes de acción en áreas conflictivas o de alto riesgo, sin establecer una estrategia clara para la protección de todos los participantes del proceso electoral.
A pesar de los requerimientos de oposición para que el INE genere mapas de riesgo e investigue a los candidatos para prevenir la infiltración del crimen, Cortés señaló la falta de progreso en estos aspectos. Desde la introducción del protocolo en diciembre de 2022, solo se han realizado dos mesas de trabajo y emitido dos informes, mostrando un enfoque de seguridad para las candidaturas que reacciona ante la violencia en lugar de prevenirla.
El protocolo actual, según Cortés, cubre solo algunas candidaturas y omite la protección necesaria para más de 20 mil puestos en juego, especialmente en el ámbito local donde el riesgo es mayor. Este enfoque no refleja la realidad del país ni las lecciones aprendidas de elecciones anteriores y ha demostrado ser ineficaz.
Ante el panorama de un proceso electoral marcado por la violencia, el presidente del PAN hizo un llamado urgente para que se consideren todas las observaciones presentadas, destacando que nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes y potencialmente más violentos de México, exacerbado por el aumento de asesinatos durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cortés instó al INE a formar un comité o entidad dedicada a la prevención de la violencia e inseguridad electoral, subrayando los riesgos que implican no tomar medidas adecuadas, como la afectación al sufragio efectivo, la coacción a candidatos y funcionarios de casilla, la alteración de resultados electorales, y el potencial de financiamiento ilícito de las campañas.
