Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador calificó como “aberración” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prohibición que tenían los servidores públicos para trabajar en el sector privado 10 años después de haber dejado el cargo.
“Es una aberración, cómo es posible que se regrese a lo de antes, ¿Y qué era lo de antes? bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio, Ernesto Zedillo, se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles”, expresó.
“Y (Felipe) Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España, y le ofrece trabajar como consejero cuando termina su mandato y forma parte del consejo”, agregó.
Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseveró que no está de acuerdo con esta decisión del máximo tribunal del país.
“Ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un alto servidor público después de dejar su empleo, no puede irse a trabajar a una empresa particular vinculada a su labor anterior. El Banco de México, todos los que terminan van a la banca privada o de la banca privada al Banco de México, una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política administrativa, no estoy de acuerdo con eso”, sostuvo.
“Hay que buscar la forma, no me voy a quedar callado ante estas aberraciones. Sí, es que ya nos ofendieron, por decir lo menos, con estas prácticas, entonces vamos a continuar”, insistió.
Este lunes, por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte votó por invalidar varios apartados de la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre ellas el artículo 24, el cual establece que los altos servidores públicos que se separen de su cargo “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, pues consideró, se trata de una medida desproporcionada que afecta el derecho al trabajo.
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