Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, fue capturado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, relacionados con la adquisición simulada de miles de toneladas de azúcar que Diconsa nunca recibió.

Esta acción forma parte de las 22 órdenes de aprehensión obtenidas por la FGR por la compra presuntamente fraudulenta de 7 mil 800 toneladas de azúcar durante la pandemia por parte de Diconsa a la empresa Servicios Integrales Carregin SA de CV, revelada en septiembre de 2022 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Entre los buscados por la Fiscalía, además de Dávila Amerena, se encuentran 12 exservidores públicos de Segalmex, 4 personas relacionadas con la empresa señalada y 6 beneficiarios de los recursos desviados por Diconsa. Según el Registro Nacional de Detenciones, Dávila Amerena y otros cuatro exfuncionarios de Segalmex fueron detenidos entre el 10 y el 12 de marzo.

Dávila Amerena, quien lideró la Dirección General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, también fue acusado por el gobierno de López Obrador de beneficiar a Genaro García Luna a través de contratos otorgados a las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Techonologies Inc. Además, entre 2003 y 2008, ocupó el cargo de Director General Adjunto Jurídico de la Subsecretaría de Seguridad Pública, durante el mandato de Alejandro Gertz Manero y posteriormente de Genaro García Luna.

Junto a Dávila Amerena, también fueron capturados Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de la Dirección Comercial; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto; Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, encargados del almacén rural de Diconsa en San Luis de la Paz, Guanajuato.

La Fiscalía ha logrado la captura de 8 individuos de los 22 que tenían órdenes de aprehensión anunciadas la semana anterior.

En su momento, MCCI reveló que Jorge Saúl Romero Valencia, supuesto accionista de Carregin y quien ya ha sido detenido por la FGR, proporcionó una dirección modesta en la colonia popular de Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México, como su lugar de residencia.

Daffne Ivanna Pomar Colín, la otra accionista de la empresa, no pudo ser localizada por los reporteros de MCCI en el domicilio registrado, pero un miembro de su familia informó a los periodistas que se dedica a las labores domésticas y mostró un recibo que indica que Pomar tiene una deuda de 3 mil pesos en una tienda departamental, a pesar de ser una contratista millonaria de Segalmex.

Hasta ahora, no se ha informado si Ignacio Ovalle Fernández, el exdirector general de Segalmex y superior jerárquico de los acusados, se encuentra entre las personas que la FGR busca detener.