Un juez federal liberó a 12 de 30 marinos que permanecían en la Prisión Militar Número Uno, en la Ciudad de México, al considerar que no hay pruebas de su participación en el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Noé Ignacio Alférez Hernández y de Jonathan Ballesteros Loza, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tal y como fue denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía imputó a los marinos porque uno de los denunciantes aseguró que entre el 17 y 18 de febrero de 2018, “desaparecieron a las víctimas”, a la una de la mañana.
El juez de amparo mencionó que todo lo dicho “fue por referencia de terceros”, que “no presenciaron ni les consta que elementos de las Fuerzas Armadas, como lo es la Marina, hayan sido quienes privaron la de libertad a las víctimas para desaparecerlas”.
Además consideró que el Ministerio Público debió aclarar ese dato al tener los medios legales a su alcance, “y no basarse en conjeturas ante el padrón vehícular existente en la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo”.
Con información de Milenio
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