La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado por unanimidad la solicitud presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para impedir que el ministro Alberto Pérez Dayán participe en la votación sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como Plan B. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal había argumentado que el ministro Pérez Dayán carecía de imparcialidad para votar en este caso.
En respuesta, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un fuerte comunicado en el que advierte que, de invalidar el Plan B, la Corte estaría asumiendo el papel del Congreso de la Unión y violando el artículo 17 de la Constitución. La Consejería afirmó que la Corte no tiene la legitimación popular para restringir las atribuciones del Poder Legislativo para regular el proceso de elaboración de las leyes. Además, señaló que esto violaría el principio de división de poderes y el equilibrio necesario entre ellos.
La Consejería hizo un llamado a los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y tomen en cuenta el verdadero conflicto constitucional que se presenta en este caso, por encima de las formalidades del trámite que se mencionan en el proyecto de sentencia. Por su parte, la SCJN deberá tomar una decisión en este caso teniendo en cuenta tanto los argumentos de la Consejería como los de las partes implicadas en la acción de inconstitucionalidad del Plan B.
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