Este miércoles, la Fundación Mary Street Jenkins informó que un juez de la Ciudad de México ejecutó la orden de un juzgado federal de devolver el control sobre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a la familia Jenkins de Landa.
La fundación indicó, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, que luego de tres meses de que un juzgado federal les concedió la suspensión provisional, este miércoles por fin se emitió la orden para que la resolución sea acatada.
En el comunicado, la Fundación señaló que el Juez 24 Civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiróz determinó “dejar sin efecto las medidas cautelares que propiciaron la ilegal incursión con policías estatales en la Universidad para devolver el campus al único patronato de la UDLAP, que preside Margarita Jenkins de Landa”.
También ordenó levantar la medida que mantenía aseguradas las cuentas bancarias que fueron intervenidas, así como la devolución del campus universitario de forma inmediata, a través del juez local en Cholula, Puebla.
La Fundación Mary Street Jenkins indicó que la intervención al campus universitario fue respaldada por el gobernador del estado, Miguel Barbosa.
“La ilícita intervención propiciada y respaldada por Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, ha sido revertida judicialmente y cualquier obstáculo que se fabrique para impedir que regrese el inmueble de la UDLAP, compromete de forma irreversible el ciclo escolar de la institución, peligrando con ello los anhelos de 10 mil familias que verían truncada la formación universitaria de sus hijos”, advirtió.
Asimismo, sostuvo que espera que tanto las autoridades competentes del Poder Judicial, así como del Ejecutivo del estado de Puebla reintegren de inmediato la posesión de la UDLAP, “por lo cual convocaremos en breve a los estudiantes, padres de familia, académicos y empleados administrativos para que nos acompañen con alegría y de forma pacífica a recibir y celebrar el regreso a la normalidad de la FUDLAP”.
El campus de la UDLAP se encuentra ocupado por policías de ambos niveles de gobierno desde el pasado 29 de junio, por presuntamente existir una orden de desalojo aparentemente consecuencia de una disputa legal con la familia Jenkins.
Comentarios recientes