El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reafirmó el compromiso del Gobierno de México en resolver el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tratándolo como un asunto prioritario.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Encinas anunció que a partir de esta semana se proporcionará información sobre todas las acciones realizadas en los últimos cuatro años por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Encinas aseguró que el proceso se llevará a cabo sin protagonismos y con total respeto a las víctimas y sus familiares, manteniendo la confidencialidad necesaria en una investigación penal.
El subsecretario recordó los cuatro ejes fundamentales solicitados por los padres de los normalistas:
- La participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos.
- La investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por policías federales, municipales y ministeriales.
- El análisis de la red de telefonía celular.
- El posible trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como móvil de la agresión.
Encinas informó que se han atendido todos estos temas y se ha realizado un progreso significativo en la investigación. Hasta el momento, hay 14 militares detenidos, incluidos dos generales, así como siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, todos sujetos a proceso penal.
Además, se destacó que se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de 87 millones de registros de redes telefónicas, lo que permitió depurar 84 mil registros de llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, y se han localizado 116 números de importancia clave para desmontar la llamada «verdad histórica».
Respecto al trasiego de drogas, Encinas mencionó que existen testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos, y actualmente, estas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos.
El subsecretario denunció una «campaña de desinformación» dirigida a socavar la investigación, pero reafirmó que los resultados obtenidos son sin precedentes y que el gobierno sigue comprometido con la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa.
