Debido a inconsistencias en los informes homologados presentados por las autoridades federales que llevaron a la detención de los implicados en el «Culiacanazo 2.0», cuatro de los 17 detenidos fueron puestos en libertad, mientras que al resto se les retiró el cargo de terrorismo y solo se les vinculó a proceso por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
A través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General de la República (FGR), se obtuvo información sobre la captura de 17 personas, incluyendo 16 hombres y una mujer, por los hechos de violencia ocurridos los días 5 y 6 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Estos hechos tuvieron lugar después de la detención de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán, en el poblado de Jesús María.
Según la FGR, cuatro de los detenidos fueron liberados debido a la falta de pruebas que demostraran su participación en los hechos, los cuales resultaron en la muerte de 29 personas, 35 heridos y la quema de 256 vehículos.
Se informó que la acusación de terrorismo contra los otros 13 implicados fue desechada luego de que el abogado de uno de ellos, identificado como Jaciel Iván López Parra, presentara un recurso ante el tribunal colegiado de apelaciones del decimoprimer circuito con sede en Morelia, Michoacán.
En un documento judicial en poder de varios medios de comunicación se destacan las inconsistencias en las declaraciones de los efectivos involucrados en las detenciones. Según el informe parcial 4/2023, elaborado el 7 de enero de 2023, un fiscal federal argumentó en base a sus pruebas que los detenidos abrieron fuego contra los elementos al ingresar a Jesús María.
Se encontraron armas de fuego durante la agresión, incluyendo ametralladoras calibre 5.56×45, fusiles y una gran cantidad de cartuchos. El agente de la FGR sostuvo que los actos violentos tenían como objetivo generar alarma y temor en la población para presionar a las autoridades y lograr la liberación de Ovidio.
Sin embargo, estos señalamientos se desacreditaron debido a que los informes de los elementos que realizaron las detenciones no mencionaban que los imputados hubieran llevado a cabo tales acciones, ni antes ni después de su arresto, y tampoco se hacía referencia a que su jefe fuera la persona mencionada por el fiscal.
Se comprobó la existencia de inconsistencias, ya que no se preservó la escena del crimen, no se tomaron fotografías para respaldar las pruebas, no se documentó la cadena de custodia y no se realizaron exámenes para detectar la presencia de pólvora en las manos de los detenidos. Lo más grave es que los efectivos federales no tenían certeza de que los detenidos fueran los responsables de la agresión.
Por lo tanto, un tribunal de apelaciones desechó la acusación de terrorismo contra las 17 personas y se les imputaron cargos por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
