Gobierno de México expropia Planta de Hidrógeno de Air Liquide en estrategia por la soberanía energética

El Gobierno de México, en un movimiento hacia la consolidación de su soberanía energética, ha oficializado la expropiación de una planta de hidrógeno administrada por la empresa francesa Air Liquide, situada en la refinería de Tula, propiedad de Pemex. Esta acción se da tras una ocupación temporal de poco más de un mes, justificada por la Secretaría de Energía (Sener) como de utilidad pública.

La medida fue anunciada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se explica que la dependencia de terceros para el suministro de hidrógeno a la refinería ponía en peligro la producción continua de gasolinas y diésel. Por ello, la Sener ha otorgado a Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), el permiso necesario para proceder con la expropiación de la planta operada por Air Liquide.

El documento subraya que esta acción es un paso adelante para mejorar los márgenes de refinación de Pemex TRI y fortalecer la autonomía energética del país. Este esfuerzo se alinea con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la importancia de la autosuficiencia energética de México, a pesar de reconocer que este objetivo no se cumplirá completamente durante su mandato.

La colaboración entre Pemex y Air Liquide comenzó en 2017, cuando se firmó un acuerdo para el suministro de hidrógeno por un periodo de 20 años, con el objetivo de disminuir los costos operativos de la petrolera estatal. Este contrato incluía la operación de la planta existente por parte de Air Liquide y la construcción de una nueva unidad para cubrir la demanda de hidrógeno de los proyectos de expansión en Tula, Hidalgo, una de las refinerías más grandes de Pemex en México.

Aunque inicialmente se mencionó que Pemex TRI compensaría a Air Liquide por la ocupación temporal de la planta, el anuncio más reciente omite cualquier referencia a compensaciones financieras. La expropiación representa un capítulo más en el esfuerzo de México por reforzar su soberanía energética, al tiempo que plantea interrogantes sobre la compensación a empresas extranjeras afectadas por dichas políticas.