La Fiscalía de Nueva York ha presentado este viernes una demanda para imponer una multa de 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump (2017-2021), después del juicio civil por fraude en la Organización Trump. Esta cifra es más alta que la cantidad inicialmente solicitada, junto con la propuesta de un veto «de por vida» en el sector inmobiliario del estado.
El juez Arthur Engoron emitirá un veredicto por escrito el 11 de enero después de los argumentos finales de ambas partes. Se espera que en este veredicto se concrete la posible multa millonaria para Trump, así como para sus dos hijos mayores y dos exejecutivos, a quienes ya se les había considerado responsables de fraude en una decisión anterior al juicio.
La oficina de la fiscal Letitia James, quien ha liderado el caso y originalmente solicitaba una penalización de 250 millones de dólares, argumentó en un extenso documento judicial que Trump debería pagar más, ya que durante el juicio se demostró que obtuvo ganancias ilícitas.
Además de la multa, la Fiscalía busca que se prohíba a Trump y a los dos exejecutivos de su empresa, Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, participar «de por vida» en el sector inmobiliario o ejercer cargos directivos en «cualquier empresa o entidad legal» en el estado de Nueva York.
El juicio, que ha durado aproximadamente dos meses, aún tiene pendientes seis cargos relacionados con la manipulación de cifras de activos en documentos financieros de la Organización Trump con el fin de obtener ventajas de aseguradoras y bancos. El veredicto determinará tanto la posible multa como las restricciones comerciales.
Según el nuevo argumento de la fiscal, la mayor parte de los 370 millones de dólares reclamados corresponde a intereses que la Organización Trump evitó pagar en cuatro préstamos comerciales (168 millones) y a los beneficios obtenidos con la venta de un edificio en Washington D.C. (139 millones).
Los abogados de Trump han criticado esta cifra en otro documento, calificándola como «groseramente excesiva» y argumentando que las transacciones en cuestión fueron acuerdos bilaterales entre los acusados y sus bancos, sin ningún impacto en el público o en el mercado. Por lo tanto, insisten en que el caso debería ser desestimado.
