La notable expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a lo largo del territorio mexicano ha sido atribuida por analistas y periodistas a los presuntos acuerdos que este grupo criminal ha establecido con autoridades a nivel municipal y estatal. Dichas alianzas habrían permitido al CJNG fortalecer su presencia en diversas regiones, implicando incluso a gobernadores de distintos partidos políticos en supuestos nexos con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Entre las administraciones señaladas por presuntas conexiones con el CJNG se encuentra la de Enrique Alfaro, en donde «El Rey Mago», también conocido como Severo Flores Mendoza, un exoficial de policía, habría facilitado encuentros con representantes de “El Mencho” para negociar acuerdos que prevenirían a los criminales sobre operativos militares en la región. Ricardo Ravelo, periodista, destaca esta relación en su investigación, apoyada por datos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
La presencia de cárteles como el CJNG, el Cártel de Sinaloa, y La Familia Michoacana también ha sido confirmada en la Ciudad de México, lo que subraya la magnitud del problema de narcotráfico a nivel nacional. La conexión de Daniel Velasco Ramírez, exsecretario de Seguridad Pública cercano a Alfaro, con el CJNG ha sido negada por el propio Velasco, aunque filtraciones sugerirían lo contrario.
Otra figura política bajo sospecha es Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, quien habría establecido un «pacto de no agresión» entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG durante su mandato como presidenta municipal de Cancún. Este acuerdo habría permitido la operación de grupos de narcomenudeo en áreas turísticas a cambio de reducir la violencia, facilitando su ascenso a la gubernatura.
La lista de políticos acusados de tener vínculos con el narcotráfico se extiende a varios estados, incluyendo Baja California, Morelos, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Nayarit, y un incidente notable con Emilio González Márquez en Jalisco, quien habría ordenado la liberación de “El Mencho” tras su detención en 2012.
Estas acusaciones resaltan la complejidad del desafío que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la influencia del crimen organizado en las esferas de poder político, subrayando la necesidad de una estrategia integral y transparente para combatir la corrupción y asegurar la seguridad nacional.
