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Desde finales de 2022 sonaron las alarmas en Seguridad Alimentaria: no se logró acopiar ni la mitad de leche bronca para sostener el suministro de leche enriquecida a cerca de 5 millones de personas de escasos -muy escasos- recursos; sin embargo, la administración de Leonel Cota Montaño en Segalmex se encasillo en asuntos que le parecieron más relevantes, como el pleito casado que mantiene con los sindicatos de Liconsa y Diconsa, y no pudo siquiera armar una compra de emergencia de leche en polvo o fresca de importación o nacional para mantener en los próximos días la dotación que esperan los más pobres del país.

El arribo de Leonel Cota a Seguridad Alimentaria Mexicana generó la expectativa de que se atajarían las operaciones irregulares dentro de la agrupación, y en el caso de su filial Liconsa, quedarían en el pasado las prácticas de desvió de leche que se ejecutaban durante la gestión de Ignacio Ovalle… pero siguen vivitas y coleando al punto que no se llegan ya a las metas de abasto al público objetivo -la población de menores recursos- e incluso incumplirá la promesa de abrir 166 nuevas lecherías en la CDMX.

El hecho de que el auditor independiente Salles Sainz Grant Thornton, que dirige Mauricio Brizuela, se abstuviese de emitir su opinión sobre los estados financieros 2020 de Seguridad Alimentaria era ya suficiente alerta para iniciar una cirugía mayor en la entidad a cargo de Ignacio Ovalle cuyo ejercicio financiero para ese año requiere aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación el uso y destino de 8,634.9 millones de pesos equivalentes al 30% de los recursos ejercidos en programas para producción de granos básicos, leche y dotar alimentos vitales a la población mas vulnerable.