En una decisión que ha sacudido el mercado bursátil, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como bienes de utilidad pública tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur, propiedad de Grupo México. Esta acción, que algunos califican como una expropiación encubierta, ha generado un conflicto entre el gobierno y Germán Larrea, dueño de la empresa.
La medida tomada por el Ejecutivo ha causado un descenso en las acciones de Grupo México y ha reavivado los desencuentros entre Larrea y López Obrador. Además, se reveló la cantidad de dinero que Larrea exigió al gobierno a cambio de las vías ferroviarias que formarán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de las concesiones y la relación entre el sector empresarial y el gobierno.
