René Gavira Segreste, quien está siendo buscado por la justicia debido a su implicación en el desfalco millonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ha presentado una solicitud de amparo contra la orden de aprehensión que fue emitida la semana pasada por un juez federal del Estado de México. La orden de aprehensión incluye a 22 personas, incluyendo a Gavira Segreste, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ha otorgado una suspensión provisional al exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex (antes Conasupo), que le permite evitar la detención y arresto hasta que se decida si su delito amerita prisión preventiva. Una vez capturado, Gavira Segreste quedará a disposición del juez de distrito para la continuación del procedimiento, pero tendrá la libertad personal de permanecer recluido en el lugar donde sea detenido, sujeto a la resolución de la suspensión definitiva.
Esta es la segunda acusación que enfrenta Gavira Segreste por su presunta participación en el caso, la primera fue por la utilización ilegal de 800 millones de pesos de Segalmex para comprar títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
El titular del juzgado ha programado una audiencia incidental para el 22 de marzo, en la que decidirá si otorga la suspensión definitiva al exfuncionario contra los actos reclamados. También ha solicitado un informe justificado de las autoridades responsables en un plazo de quince días, en el que deben especificar si es cierto el acto reclamado y proporcionar las razones para justificar la improcedencia del juicio.
Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas como resultado de la orden de captura emitida la semana pasada contra los 22 implicados en la celebración de contratos ilegales y pagos ilícitos por un monto de 142 millones 440 mil 883 pesos del erario. Según la Fiscalía General de la República (FGR), exservidores públicos de Segalmex adquirieron ilegalmente 7 mil 840 toneladas de azúcar destinadas a la población del país, pero nunca se comprobó que la empresa paraestatal recibió legalmente dicha cantidad.
