Según una denuncia anónima revelada recientemente, se acusa a altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ubicado en la Ciudad de México, de manipular decisiones judiciales en beneficio del Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este centro de influencia operaba desde el piso 14 de la sede del CJF.
La denuncia, presentada contra el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y varios de sus colaboradores, señala que Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, convocaba a jueces y magistrados a este piso para presionarlos a resolver de manera favorable a los intereses del Ejecutivo. Se les prometían beneficios o se les amenazaba con sanciones y procesos administrativos o penales.
Entre los casos más destacados se encuentra la presión ejercida sobre los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, relacionada con la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos. Otros magistrados, como Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, quienes manejaron litigios sobre los proyectos del Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación en Texcoco, también recibieron llamadas amenazantes.
En el caso del Tren Maya, se menciona que el juez Adrián Fernando Novelo Pérez fue coaccionado para emitir fallos favorables al proyecto presidencial. Por otro lado, la magistrada Cristina Porras enfrentó hostigamientos al negarse a alinearse con los intereses del ejecutivo en el caso Emilio Lozoya.
La denuncia también abarca intimidaciones en otros ámbitos judiciales, como el Infonavit y las telecomunicaciones, donde se instauraron tribunales con el fin de asegurar resoluciones favorables a ciertos intereses, según el expediente de investigación J/108/2024 del CJF.
