Este domingo, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que la denuncia penal presentada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, en contra de algunos miembros del Consejo General del órgano electoral, es una persecución penal.
Mediante un comunicado difundido en redes sociales, los once miembros del Consejo General afirmaron que dicha denuncia es una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que valoran y votan los asuntos de su competencia.
«Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado», indicaron.
Además, señalaron que en un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, aunque pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, «por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida».
En ese sentido, puntualizaron que los órganos jurisdiccionales serán quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y aseguraron que el INE acatará esas decisiones.
«Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión».
En el posicionamiento público, los consejeros destacaron que, en un Estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.
Con información de Milenio.
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