Durante una reunión con el Grupo de Trabajo Plural del Senado encargado de dar seguimiento a los trágicos sucesos del 27 de marzo de 2023 en la Estación Migratoria Lerdo-Station, Ciudad Juárez, Chihuahua, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) admitieron que, aunque se han realizado esfuerzos, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a diversas entidades del gobierno federal ha sido solo parcial. Además, resaltaron que la mayoría de las instalaciones migratorias en el país se encuentran en condiciones inadecuadas, sobrepobladas o en situaciones críticas.
Cecilia Velasco Aguirre, quien lidera el seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos en la CNDH, señaló avances parciales en la implementación de las recomendaciones por parte de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y el Instituto Nacional de Migración. Aunque se ha enfrentado dificultades para establecer un plan de reparación de daños, destacó que se ha logrado entregar compensaciones a las familias de 20 víctimas fallecidas.
Un informe especial sobre las condiciones de las estaciones y estancias migratorias reveló, tras visitas a 29 entidades, que de una población migrante registrada de 316 individuos de diversas nacionalidades, ninguna instalación se considera adecuada. Se encontró que 13 estaciones son insuficientes, 21 inadecuadas y varias más en estado crítico, sin especificar su número.
Emilio Álvarez Icaza Longoria, miembro del Grupo Plural, criticó la falta de énfasis en la gravedad de las violaciones a derechos humanos experimentadas por los familiares de las víctimas, considerando preocupante la normalización de tales incidentes por una entidad que debe proteger a las víctimas.
Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la CNDH, aludió a la recomendación 11VG/2023, derivada del incendio en Ciudad Juárez que resultó en la muerte de 40 personas y heridas a otras 27. Detalló las acciones preventivas tomadas, incluyendo la garantía de atención médica y la facilitación del proceso de identificación y repatriación de las víctimas, reconociendo a 90 personas como víctimas de violaciones a derechos humanos.
Finalmente, el senador Antonio García Conejo del PRD, lamentó la falta de contundencia y sensibilidad por parte de la CNDH frente a un evento tan devastador, calificándolo como un acto de crueldad prevenible y, para muchos, un crimen de Estado.
