Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, junto con la de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, respaldaron por unanimidad una modificación constitucional.
Esta reforma, impulsada por las diputadas Martha Ávila, Gabriela Quiroga y colectivas feministas, prohíbe que quienes hayan cometido actos violentos contra mujeres o estén en situación de deuda alimentaria puedan aspirar a cargos de elección popular. Con 23 votos a favor, se avalaron las modificaciones al artículo 10, apartado C, agregando una fracción 11 a la Constitución Política de la Ciudad de México.
En consecuencia, se establece que quienes hayan sido condenados por delitos graves, especialmente contra la vida, integridad y libertad sexual, así como aquellos registrados como deudores alimentarios morosos, no podrán desempeñar funciones públicas ni postularse a cargos electivos.
