En una conferencia realizada en la Escuela de Aviación Naval, el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar impunidad al fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, frente a las presuntas infracciones de leyes federales.
El Mandatario expresó su determinación de no quedarse en silencio ante lo que considera una clara intención por parte del Tribunal Supremo de proteger al fiscal, a quien acusó de tener influencias dentro del Poder Judicial.
«Debido a sus influencias en el Poder Judicial, ayer resucitaron un expediente que había estado archivado durante un año y medio. La mayoría de los ministros le están otorgando impunidad, al dictaminar que solo puede ser juzgado si así lo decide el poder legislativo a través de un juicio de procedencia, ya que presuntamente se trata de delitos federales, cuando en realidad no solo son delitos federales, sino también delitos estatales. Pero, ¿cómo es posible que, cuando la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión, los ministros se adelanten para protegerlo? ¿Cómo se explica eso?», cuestionó el presidente.
Acompañado por los miembros de su gabinete federal, el jefe del Ejecutivo destacó la curiosa coincidencia de que, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de aprehensión contra el fiscal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se adelantó y dictaminó que él goza de fuero constitucional.
En un comunicado emitido ayer, la Presidencia de la República manifestó su desaprobación a la decisión de la Primera Sala de la SCJN, que por mayoría de votos determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, posee fuero constitucional y no puede ser enjuiciado por la supuesta comisión de delitos federales.
«Existen pruebas suficientes para señalar la falta de integridad y la conducta sumamente sospechosa del fiscal de Morelos durante su tiempo en el cargo, lo cual ha generado un ambiente de impunidad y falta de gobernabilidad en dicho estado», se expresó en el comunicado.
La Presidencia aclaró que, tal como la propia Corte reconoce en su fallo, el fuero constitucional del fiscal de Morelos solo se aplica en casos de delitos federales y no en delitos de jurisdicción local, como los casos de investigación que han sido transferidos a la FGR por posibles delitos contra la procuración y administración de justicia.
Además, se recordó que la Constitución de Morelos establece en su artículo 136 que no se requiere de una declaración por parte del Congreso local para proceder penalmente contra el fiscal general del estado.
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