Después de que un juez rechazara ayer la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de emitir una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su opinión de que el Poder Judicial se encuentra corrompido y bajo la influencia de intereses económicos y políticos poderosos.
Durante una conferencia de prensa en la que se le preguntó directamente sobre este asunto, el presidente López Obrador expresó su preocupación por lo que considera una evidencia más de la corrupción en el sistema judicial. Subrayó la importancia de llevar a cabo una reforma integral del Poder Judicial y argumentó que esta tarea debe ser emprendida por el pueblo.
El presidente declaró: «Hemos estado enfatizando que el Poder Judicial está sumido en la corrupción. Aunque hay excepciones, la norma es que este poder se encuentra cooptado y al servicio de la élite económica y política. El otorgamiento de un amparo a García Luna, además de la designación de un cercano colaborador de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, como parte del tribunal que lo amparó, es una clara señal de corrupción. Esto se refiere a una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. No puede ser más evidente».
En Palacio Nacional, el presidente enfatizó que este tipo de situaciones subraya la necesidad urgente de reformar el Poder Judicial. Además, indicó que esta reforma debe ser llevada a cabo por el pueblo en las próximas elecciones federales de 2024, ya que para enmendar la Constitución se requiere el apoyo de dos tercios de los legisladores en el Congreso.
Ayer, la FGR sufrió otro revés cuando un Tribunal Colegiado confirmó la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López, quien se negó a emitir la orden de aprehensión contra Genaro García Luna bajo las acusaciones de enriquecimiento ilícito. En respuesta, la FGR anunció su intención de tomar medidas legales contra los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito y el juez Alarcón López, alegando que sus acciones perjudicaron la administración de justicia.
