Durante el foro «Reformas constitucionales para la justicia», organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, diversos expertos en derecho y transparencia criticaron las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Argumentaron que tales reformas son inconstitucionales y representarían un desmantelamiento del Sistema Mexicano de Justicia en menos de un año.
Los especialistas expresaron su preocupación por la idea de elegir a ministros y jueces mediante votación popular, advirtiendo que esto podría facilitar la influencia del crimen organizado en el sistema judicial. Enrique Barber González de la Vega, destacado académico en Derecho, enfatizó que ninguna democracia liberal en el mundo ha implementado la elección directa de jueces constitucionales, ya que esto politizaría el Poder Judicial y comprometería su independencia.
Laurence Pantin, de México Evalúa, insistió en la necesidad de establecer criterios más estrictos para los candidatos a la judicatura, excluyendo a aquellos con vínculos profesionales, familiares o políticos con el Ejecutivo o afiliaciones partidistas. Por su parte, Vania Pérez Morales, del Sistema Nacional Anticorrupción, criticó una propuesta de simplificación administrativa que afectaría la operatividad y autonomía de organismos anticorrupción, violando normativas constitucionales y tratados internacionales.
Roberto Moreno Herrera se opuso a la idea de que la Secretaría de la Función Pública administre la Plataforma Digital Nacional, destacando la falta de autonomía de esta dependencia y su enfoque en la administración pública federal, lo cual comprometería la integridad de datos recabados a todos los niveles de gobierno.
Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Confianza Ciudadana A.C, concluyó que las reformas propuestas partidizarían la justicia, representando un riesgo significativo para la imparcialidad y eficacia del sistema judicial mexicano.
