El expresidente Donald Trump ha llevado su lucha legal a la Corte Suprema de Estados Unidos, solicitando la suspensión de un fallo de un tribunal de apelaciones que el pasado 6 de febrero le negó la inmunidad penal. Este fallo reabre la puerta a su posible enjuiciamiento en Washington por intentos de manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, donde fue derrotado por el actual presidente Joe Biden.
Con la mirada puesta en las próximas elecciones dentro de nueve meses, donde se anticipa un nuevo enfrentamiento electoral contra Biden, Trump busca revertir una situación legal adversa que lo enfrenta a 91 cargos distribuidos en cuatro casos penales. Estos incluyen acusaciones de intentar anular los resultados electorales, sustracción de documentos ultrasecretos al abandonar la Casa Blanca, y pagos para silenciar afirmaciones de relaciones extramatrimoniales que podrían haber afectado su campaña en 2016.
Un tribunal federal de apelaciones determinó a principios de febrero que Trump no puede reclamar inmunidad por actos realizados durante su presidencia. Según los jueces, la pretensión de Trump de inmunidad total no encuentra respaldo en precedentes, historia, o en la Constitución de Estados Unidos, argumentando que tal inmunidad socavaría el principio de separación de poderes al poner al presidente fuera del alcance del poder judicial y legislativo.
La decisión del tribunal de apelaciones, que ha sido temporalmente suspendida para permitir la apelación de Trump a la Corte Suprema, pone en suspenso el inicio del juicio contra Trump, originalmente programado para el 4 de marzo. Se le acusa de conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción durante la certificación de la victoria de Biden el 6 de enero de 2021, día en que sus seguidores irrumpieron en el Capitolio.
La Corte Suprema debe ahora decidir si toma el caso, una decisión que mantendría o revocaría el fallo del tribunal inferior, marcando un precedente significativo en la interpretación de la inmunidad presidencial y la responsabilidad penal de los actos realizados en el cargo.
