El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su apoyo al plan de ajuste propuesto por el presidente de Argentina, Javier Milei, mediante la aprobación de un desembolso de 4 mil 700 millones de dólares. Este gesto de confianza, realizado el jueves 1 de febrero, viene acompañado de elogios hacia las «medidas audaces» implementadas por la nueva administración para fomentar la estabilidad económica y superar los obstáculos que limitan el crecimiento y la inversión en el país.
En un reporte especial dedicado a Argentina, el FMI reconoció los primeros resultados positivos de las acciones tomadas, enfatizando el trabajo en curso para establecer un marco social y político que respalde el plan de estabilización. Sin embargo, el informe también señala los significativos desafíos que enfrenta el país en su camino hacia la estabilidad, incluyendo las divisiones políticas y una situación social considerada «frágil».
Este apoyo financiero forma parte de un programa de refinanciación de un préstamo previo de 44 mil millones de dólares otorgado en 2018, bajo la administración anterior. La reciente revisión del acuerdo, la primera bajo la presidencia de Milei, se produce en un contexto de debate legislativo sobre reformas clave propuestas por el mandatario, las cuales han enfrentado críticas severas por parte de la oposición.
El gobierno de Milei ha tomado medidas contundentes desde su inicio en diciembre, incluyendo una devaluación del peso argentino y el lanzamiento de un plan de ajuste económico que busca reducir el déficit fiscal y el gasto público. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para corregir los desequilibrios económicos y revitalizar la economía argentina, marcada por una inflación desbordante y una profunda crisis social.
El FMI ha ajustado sus previsiones para la economía argentina, anticipando una contracción antes de un repunte esperado en el crecimiento. Además, se ha extendido el acuerdo hasta finales de año, asegurando así futuros desembolsos. El informe del FMI subraya la necesidad de un apoyo político y social sostenido para implementar las reformas propuestas, destacando la importancia de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad durante este periodo de transición.
