Rosario Piedra Ibarra, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha propuesto la disolución de esta entidad, creada en 1990, para dar paso a la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Esta sugerencia se fundamenta en la percepción de que la CNDH ya no cumple adecuadamente con las expectativas y necesidades del pueblo mexicano.
“Estamos comprometidos con una transformación profunda de la Comisión Nacional, la cual consideramos que ya no satisface las necesidades del pueblo mexicano. Creemos firmemente en la necesidad de que nazca la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo como una institución completamente nueva”, afirmó Piedra Ibarra.
Durante su informe anual ante la Comisión Permanente, Piedra Ibarra señaló que, tras cinco años de gestión, la CNDH ha adoptado un enfoque diferente en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, ha establecido las bases normativas y operativas mínimas para transformar la Comisión, heredada del neoliberalismo, en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, una institución que ha sido largamente demandada por la ciudadanía mexicana.
“En 2023, hemos logrado avances significativos en su transformación. Ahora, el pueblo y las víctimas saben que pueden contar con nosotros para encontrar soluciones a sus problemas. En los últimos cuatro años, hemos priorizado ante todo el interés de las víctimas, enfocándonos en la prevención de situaciones de riesgo”, destacó.
Piedra Ibarra enfatizó la dificultad de este proceso de cambio, el cual ha requerido un esfuerzo constante para superar una dinámica institucional caracterizada por la simulación y el burocratismo, elementos que han sido parte de un acuerdo de impunidad y silencio durante los últimos 70 años.
“Somos la única entidad constitucional autónoma que ha iniciado su propia transformación, deshaciéndonos del modelo impuesto por el neoliberalismo y trabajando para crear una institución que verdaderamente sirva al pueblo mexicano”, sostuvo.
Concluyó argumentando que han derribado el mito de que los órganos autónomos requieren de grandes burocracias y presupuestos elevados para cumplir con su misión.
