El juez José Rivas González rechazó la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por la defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para seguir su juicio en libertad. La decisión fue tomada después de una audiencia que se extendió por casi 12 horas, durante la cual el juez desestimó los argumentos presentados por la defensa.
La petición de Lozoya para enfrentar su proceso en libertad en el caso Odebrecht fue impedida por una suspensión definitiva, la cual establece que su libertad personal estará en manos del tribunal y no podrá ser cambiado de prisión mientras esté vigente. El juzgador destacó que, debido a esta suspensión, no podrá pronunciarse sobre este asunto.
En el transcurso de la audiencia en el Reclusorio Norte, Emilio Lozoya afirmó que se encuentra en prisión preventiva con pruebas prohibidas, insistiendo en que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante tortura o hubo fallos en la cadena de custodia de la evidencia.
La audiencia, originalmente prevista para ser breve, se prolongó a lo largo del día debido a la ausencia del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien se encontraba de vacaciones, y la necesidad del juez José Rivas González de profundizar en el caso antes de tomar una decisión sobre la medida cautelar para Lozoya.
Durante la exposición de narrativas por parte de la defensa y del ministerio público, la audiencia se intensificó, derivando en señalamientos y llevando a que Lozoya reclamara que se mencionara a su madre, Gilda Austin, como una criminal.
Los abogados de Lozoya sostienen que no existe riesgo de fuga y argumentan que, desde su detención en España, ha mostrado disposición a colaborar, contribuyendo a la obtención de tres órdenes de aprehensión pendientes. Miguel Ontiveros, líder de la defensa de Lozoya, explicó que están solicitando la libertad de su cliente basándose en el principio constitucional de que ninguna persona debería permanecer detenida por más de dos años sin una sentencia.
Tras la extensa audiencia, el juez José Rivas González determinó mantener a Emilio Lozoya en prisión preventiva justificada, argumentando que aún no ha cumplido dos años en prisión debido a la interrupción del proceso durante el criterio de oportunidad que se promovió. La defensa tiene tres días para apelar esta decisión. Como parte del caso, en septiembre pasado, un Tribunal Federal confirmó la resolución de un juez de control que desechó diversas pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para un eventual juicio oral.
