Un Tribunal Federal revoca orden de aprehensión contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. El Tribunal Federal ha anulado la orden de aprehensión emitida contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, quien había sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con una suma de 43 millones de pesos.
Esta decisión ha llevado a la FGR a anunciar su intención de tomar medidas legales contra el juez de control, Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente denegó la orden de aprehensión, y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quienes confirmaron esta negativa, alegando que sus acciones perjudicaron la administración de justicia.
La FGR explicó que inicialmente había obtenido la orden de aprehensión contra García Luna de otro juez de control, debido a un presunto enriquecimiento ilícito, basándose en ingresos no justificados que ascendían a más de 43 millones de pesos durante su período como servidor público de 2000 a 2012. Estos ingresos no se reflejaron en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, según lo confirmado por investigaciones periciales contables. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito decidió revocar esta orden judicial.
La FGR argumenta que, a pesar de las pruebas presentadas ante la autoridad judicial, se demostró que el patrimonio de García Luna era desproporcionado e injustificado en relación con sus ingresos legítimos, lo que supone una violación de los principios de legalidad y debido proceso.
La decisión del tribunal se basó en la interpretación del artículo 224 del Código Penal Federal en vigor en ese momento, que establecía que «se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito». El tribunal determinó que no se cumplían los requisitos para una acusación de enriquecimiento ilícito en este caso.
En respuesta a esto, la representación legal de la FGR ha anunciado que iniciará un procedimiento legal contra el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López, así como contra los magistrados que respaldaron su decisión inicial de negar la orden de aprehensión.
