La Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido una orden al Instituto Nacional Electoral (INE) para que emita lineamientos que regulen los procesos internos llevados a cabo tanto en el partido Morena como en la coalición PRI-PAN-PRD de cara a las elecciones de 2024.
El pleno mayoritariamente rechazó el proyecto original presentado por la magistrada Janine Otálora, el cual proponía invalidar la convocatoria y suspender el proceso promovido por el PAN, PRI y PRD, argumentando que constituía un fraude a la ley.
Sin embargo, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, propuso una alternativa aprobada por mayoría, que consiste en que el Consejo General del INE deberá establecer lineamientos en un plazo máximo de cinco días para regular estos procesos y otros actos similares. En estos lineamientos, el INE deberá definir el tipo de propaganda permitida, adecuándose a la naturaleza de dichos procesos.
La regulación incluirá aspectos como la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas, entre otros. También se establecerá que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos de forma imparcial y no podrán usar propaganda gubernamental con fines políticos.
Asimismo, se establece que las prerrogativas de acceso a radio y televisión, otorgadas a los partidos políticos, no podrán utilizarse para la sobreexposición de las personas aspirantes o participantes en estos procesos políticos.
La fiscalización de estos procesos será especializada para supervisar el origen y uso de los recursos empleados, garantizando principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
El Consejo General del INE también definirá el periodo sujeto a revisión, los tipos de gastos que serán contabilizados, así como los gastos ordinarios y aquellos que podrían beneficiar a una persona desde una perspectiva electoral.
El magistrado Reyes Rodríguez destacó que todos los actos que puedan ser interpretados como un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, continúan prohibidos y serán investigados y sancionados de acuerdo con la ley.
En su opinión, suspender la convocatoria sería una medida jurídica excesiva, ya que durante su desarrollo, siguen vigentes las prohibiciones para realizar propaganda electoral o expresiones anticipadas de campaña o precampaña.
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