En el marco del tercer aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), quince agrupaciones empresariales pertenecientes a la Alliance for Trade Enforcement han remitido una carta a Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos (USTR), para expresar su preocupación por los incumplimientos del gobierno mexicano en relación a los compromisos adquiridos en dicho acuerdo.
En el extenso documento de once páginas, han detallado los «signos inquietantes» que evidencian el incumplimiento de diversos aspectos del T-MEC por parte de México, como las áreas de telecomunicaciones, biotecnología, equipo médico, etiquetado de alimentos, energía, aduanas y facilitación del comercio, servicios de pagos electrónicos, entre otros.
Este conjunto de organizaciones, que ya había enviado una carta a Tai en marzo de 2021, lamentablemente ha vuelto a escribirle para informarle que la lista de problemas en los que México no cumple con sus obligaciones bajo el T-MEC continúa en aumento, a pesar de las medidas adoptadas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
Resulta imprescindible que México cumpla con los compromisos establecidos en el T-MEC y que se implemente plenamente el acuerdo para aprovechar al máximo su potencial.
En el ámbito de las telecomunicaciones, se ha señalado que el gobierno mexicano busca debilitar a los organismos reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a pesar de que el T-MEC reconoce las reformas constitucionales llevadas a cabo en 2013 y 2014, las cuales fomentaron la competencia, la inversión extranjera y la creación de un régimen regulatorio especializado e independiente.
No obstante, el presidente de México ha cuestionado en repetidas ocasiones la relevancia de las regulaciones en el sector y el funcionamiento del organismo regulador, además de pretender reducir su presupuesto y tomar otras medidas que amenazan la independencia tanto del IFT como de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofece).
Estos compromisos son fundamentales para asegurar un próspero mercado de telecomunicaciones en México, fortaleciendo las exportaciones, incluyendo el comercio electrónico, han expresado las agrupaciones empresariales.
Los legisladores también han promovido políticas proteccionistas en el ámbito de películas y contenidos televisivos, al pretender imponer cuotas de contenido mexicano, y aún hacen falta modificaciones constitucionales para fomentar la protección de la propiedad intelectual en materia de derechos de autor.
Además, se ha señalado que el gobierno mexicano mantiene una política que retrasa injustamente el acceso al mercado de productos biométricos, a lo que se suma la demora en la autorización de la entrada de productos farmacéuticos.
Se ha acusado al gobierno de falta de transparencia en las licitaciones públicas y de establecer barreras de entrada para empresas de diversos sectores, lo cual ha generado escasez de medicamentos en el sector de la salud.
La regulación en el etiquetado de alimentos se convierte en un obstáculo para ingresar al mercado mexicano, por lo que se ha instado a la USTR a tomar en consideración estas preocupaciones.
Cabe recordar que las consultas sobre los cambios en la política energética cumplirán un año próximamente sin que se haya llegado a una solución, mientras que el gobierno de México limita, retrasa o niega permisos a empresas privadas que desean participar en el sector, entre otras inquietudes.
Las quince organizaciones que firman la carta son: Alliance for Trade Enforcement (AFTE), Advanced Medical Technology Association (AdvaMed), American Petroleum Institute (API), Biotechnology Innovation Organization (BIO), Coalition of Services Industries (CSI), Motion Pictures Association (MPA), National Association of Manufacturers (NAM), National Foreign Trade Council (NFTC), Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Small Business & Entrepreneurship Council, Software and Information Industry Association (SIIA), Telecommunications Industries Association (TIA), Television Association of Programmers Latin America (TAPLAT), United States Council for International Business (USCIB) y la US Chamber of Commerce.
Después de tres años desde la entrada en vigor del T-MEC, se han presentado al menos diecisiete disputas comerciales, de las cuales once casos se basan en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Destacan tres casos que han generado resonancia en contra de México, relacionados con la política energética y la protección de la vaquita marina, los cuales se encuentran en la etapa de consultas. Además, otros tres casos han avanzado a paneles y se refieren a las reglas de origen en la industria automotriz, lácteos y madera blanda.
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