Durante la sesión pública del 21 de junio de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que las normas penales que criminalizan el aborto afectan a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, sin necesidad de estar embarazadas o enfrentando un proceso penal, lo cual les permite promover un amparo. Esta decisión brinda mayor flexibilidad para demandar a los Congresos estatales que aún no han despenalizado el aborto en sus territorios.
La resolución de la Primera Sala reconoció que la prohibición absoluta del aborto viola los derechos de estas personas, permitiéndoles promover amparos para exigir a los gobernadores y congresos locales que reformen sus códigos y garanticen su derecho a decidir.
Esta decisión representa un avance importante en el movimiento por el derecho al aborto en el país, ya que brinda una herramienta legal a las mujeres, personas, colectivas y organizaciones para presionar a las autoridades y despenalizar el aborto, especialmente en estados conservadores como Chihuahua, Yucatán y Durango. A pesar de que el derecho a decidir ya ha sido reconocido explícitamente por la SCJN, estos estados continúan criminalizando a las mujeres y personas con capacidad de gestar, negándoles el acceso a servicios de aborto.
