El gobierno mexicano ha presentado una apelación en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, contra la decisión del juez Dennis Saylor de desestimar su demanda civil contra armerías estadounidenses. El gobierno mexicano acusa a estas empresas de facilitar el tráfico de armas hacia México, lo que ha fortalecido a los cárteles de la droga.
El gobierno mexicano busca que se revise si la decisión tomada por el juez Saylor estuvo apegada a derecho y si la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) puede aplicarse incluso cuando las armas se utilizan con fines criminales y causan daño en territorio mexicano.
La cancillería ha explicado que el gobierno mexicano está ahondando en los argumentos legales para que el procedimiento judicial persista y busca involucrar tanto a los productores de armas de fuego como a los distribuidores en la lucha contra el tráfico de armas.
Según la cancillería, existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que desemboca en la violencia en México, así como en otros delitos como el tráfico de personas y de drogas, especialmente del fentanilo
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