Este domingo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pidió desestimar las denuncias penales en contra de los consejeros del INE por aplazar la revocación de mandato, hecho que calificó como grave, ya que según el funcionario “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable”.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Córdova Vianello señaló que la denuncia presentada por Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados contra los servidores públicos se persigue de oficio, por lo que sigue el proceso en la Fiscalía General de la República (FGR). Por lo tanto, indicó que es insuficiente el anuncio de no ratificarla, como lo hizo el propio legislador.
El consejero presidente del INE consideró que dicha denuncia recuerda a las peores prácticas de regímenes autoritarios pues, sostuvo, “se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado, por el simple hecho de que piensan distinto”.
“Es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, actores políticos y hasta del Presidente de la República obligaron a quién preside la Cámara de Diputados a rectificar, qué bueno que lo haya hecho, sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República, ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias, es una denuncia de presuntos delitos claramente inexistentes que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, expresó.
En el video, en el cual también aprovechó para enviar felicitaciones por año nuevo, Córdova Vianello aseguró que el INE continúa el proceso para la organización de la consulta de revocación de mandato, acatando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a pesar de no contar con los recursos necesarios para realizarla.
Agregó que solicitará una ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda e indicó que, de no obtener los 3 mil 800 millones de pesos necesarios, llevará a cabo el ejercicio con los mil 500 millones que ha logrado reunir.
Pero, agregó, “sin aceptar ni comprometer nuestras facultades constitucionales legales estatutarias y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto (…) es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano, pero a lo imposible nadie está obligado”.
Asimismo, destacó que el INE siempre ha manifestado su disposición para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo con las características que estipula la Constitución, “por ello ha recurrido siempre a las instancias legales competentes y tomado decisiones a veces polémicas, controvertidas que se han considerado necesarias”, pero esto, aseguró, no debería de ser motivo de censura ni mucho menos de persecución penal o política.
Con información de Milenio
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