La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer este lunes documentos que acreditarían la tortura a la que fue sometido Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, al igual que miembros de su familia, para que se declarara culpable del crimen.
De acuerdo con el informe, durante la investigación se constató que Mario Aburto “fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994, al igual que otros miembros de su familia, él de manera reiterada hasta años recientes”, situación de la que estaban enteradas las autoridades responsables de la investigación y la propia comisión, sin embargo, “lo minimizaron y lo desautorizaron”, para sostener la versión oficial del “asesino solitario”.
El pasado 26 de octubre, la organización emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que hasta ahora no han respondido a la resolución.
La CNDH indicó que encontraron diversas deficiencias, omisiones y violaciones al debido proceso que se llevó a cabo durante la investigación de su participación en el crimen.
Los documentos presentados incluyen peritajes, testimonios obviados o eliminados de la investigación oficial y la transcripción de un interrogatorio realizado el día de la detención de Aburto, en la que denuncia, ante agentes ministeriales, haber sido golpeado y amenazado de muerte. También incluye testimonios descartados que refuerzan la versión de Aburto de haber sido golpeado por una persona que se identificó como miembro del Estado Mayor, cuando era trasladado de Lomas Taurinas a la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“La verdad es que desde el momento mismo de su detención en Lomas Taurinas y varias veces durante los primeros interrogatorios V (Mario Aburto) dijo que no era responsable de los hechos y que estaba siendo torturado y presionado para auto inculparse, y nunca nadie le hizo caso”, señaló la CNDH.
Asimismo, el organismo indicó que se desacreditaron o minimizaron testimonios de testigos de la tortura de Aburto, incluso de quienes participaron en ella y se sesgó la información contenida en los diversos exámenes médicos realizados entre el momento de su detención en la delegación de la PGR en Tijuana y su ingreso al CEFERESO 1 de Almoloya.
“Es convicción de este Organismo Autónomo Constitucional que ha llegado el momento de abrirle paso a la verdad. Y no sólo por ser un hecho relevante del pasado cuya aparente resolución dejó en la mayor parte de la sociedad un sentimiento de decepción, frustración e impunidad, sino porque se trata de hechos que pueden repetirse y que tocan intereses vigentes y muy activos en el presente”, subrayó la CNDH.
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