Luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto para declarar de interés público y de seguridad nacional los principales proyectos y obras del gobierno federal en materia de infraestructura, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseveró que este acuerdo es “sumamente alarmante” porque viola la Constitución y permitirá mayor opacidad en los procesos de asignación.
Esta medida es aplicable para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Coparmex explica que si se les considera de seguridad nacional “con ese carácter obtendrán una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones por afirmativa ficta”. Además, señala el texto, se les pide a las dependencias públicas otorgar en un plazo de cinco días la autorización provisional con vigencia de 12 meses, de no responder en esos días se entenderá en sentido positivo la resolución.
“Esta medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones periodísticas que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros no relacionados con la materia contractual”, indica el comunicado.
“También, cuando el 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa según lo confirman los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción”, añade.
En el comunicado, la Coparmex sostiene que el decreto es violatorio de la Constitución porque pretende evadir las disposiciones que piden la aprobación del Congreso, atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas.
Asimismo, señala que esta medida transgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.
“Pero el impacto del decretazo puede ser todavía mayor y severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos”, subraya.
La Coparmex exhortó al Poder Ejecutivo a revertir la publicación de dicho decreto para que quede sin efectos.
Con información de El Universal.
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