La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que, en el último año, detectó irregularidades en el uso de recursos públicos al interior del Gobierno Federal por 17 mil 19 millones de pesos, entre las que se encuentran pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados y la adquisición de medicamentos a sobreprecios, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno.
La SFP detalló que estas observaciones aún podrían ser solventadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Según el Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se realizaron 684 auditorías al interior de las instituciones de la Administración Pública Federal, que dieron lugar a 890 observaciones, entre ellas, 44 al proyecto heredado del Tren Interurbano México-Toluca, con un monto por aclarar de 2 mil 222 millones de pesos.
Las irregularidades correspondientes a 17 mil 19 millones de pesos, señala el documento, se deben a la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación, falta de acreditación de registros contables, pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados y adquisición de medicamentos a sobreprecio.
En el caso de la fiscalización realizada a los programas sociales, la SFP encontró un universo fiscalizable de 21 mil 246 millones de pesos y se encontraron irregularidades en 3 mil 525 millones de pesos, es decir, el equivalente al 16.6% del total, la mayoría de ellas referidas a la administración y el ejercicio de los recursos transferidos.
Además, el documento indica que, en el periodo ya señalado, la SFP recibió 20 mil 391 denuncias en contra de servidores públicos, de las cuales, 2 mil 730 han sido analizadas; de esta última cifra, 264 fueron remitidas a las áreas de responsabilidades para el inicio de procedimientos sancionatorios.
Entre las conductas más recurrentes denunciadas están el incumplimiento a leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; incumplimiento con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones; abuso de funciones; y abuso de autoridad.
«En el Registro de Servidores Públicos Sancionados, se cuenta con la siguiente información: se recibieron 227 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 122 procedimientos, que significaron imponer 43 sanciones», añade.
Con información de Reforma.
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